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Agentes Importadores

PROTECCIÓN A LOS AGENTES IMPORTADORES

Las legislaciones destinadas a regular las actividades de distribución de productos o servicios tienen como objetivo proteger a los agentes, tanto locales como extranjeros, frente a la terminación de sus contratos, ya sean éstos de licencia, representación, distribución, agencia, franquicia u otros, relativos a productos o servicios fabricados en el extranjero o en el país, por parte de sus concedentes.

Anterior a la entrada en vigor del Tratado de Libre comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana, toda actividad de distribución de productos o servicios importados por parte de personas físicas o empresas se regía por la Ley No. 173 sobre Protección a los Agentes Importadores de Mercaderías y Productos, del 6 de abril de 1966 y sus modificaciones.

A partir de la ratificación del DR-CAFTA, las actividades de distribución de productos entre agentes dominicanos y agentes miembros del tratado son regidos por las disposiciones contenidas en la Sección B del Capitulo 11 sobre Comercio Fronterizo de Servicios del tratado.

En este sentido, para fines meramente expositivos, hemos divido el presente artículo en dos secciones: I) las actividades de distribución regidas bajo las disposiciones del DR-CAFTA y II) las actividades regidas bajo la Ley 173.

I. Actividades de Distribución y el DR-CAFTA

La República Dominicana no aplicará la Ley No. 173 a ningún contrato de concesión firmado después de la fecha de entrada en vigor del DR-CAFTA a menos que éste explícitamente disponga la aplicación de la Ley No. 173.

Se aplicarán los siguientes principios cuando estemos frente a actividades de distribución regidas bajo el DR-CAFTA:

• Se aplicarán los principios del Código Civil de la República Dominicana;

• Se apegará al principio de libertad contractual;

• Para los contratos de concesión con fecha de terminación, la llegada de este término se considera como justa causa para que un concedente termine el contrato o permita que el contrato expire sin ser renovado, no obstante, el concesionario podrá exigir indemnización, cuando proceda, en la forma, manera y monto acordados en el contrato;

• Para los contratos de concesión sin fecha de terminación, cualquier parte podrá poner término al contrato mediante aviso escrito de terminación con seis (6) meses de anticipación; y

• En caso de disputas entre las partes se resolverán mediante arbitraje vinculante, no obstante, las partes podrán incluir en el contrato de concesión mecanismos y foros en caso de disputa.

Terminación de Contratos:

Uno de los aspectos más importantes a considerar frente a la terminación de un contrato de concesión regido por el DR-CAFTA son las implicaciones legales que pueden resultar. El tratado dispone que después de la terminación del contrato o de la decisión de no renovarlo:
(i) si el contrato contiene una disposición de indemnización, incluyendo una disposición estableciendo la no indemnización, la indemnización se basará en dicha disposición;
(ii) si el contrato no tuviese dicha disposición, cualquier indemnización se basará en los daños económicos reales y no en una fórmula estatutaria;
(iii) el concedente honrará las garantías pendientes; y

(iv) el concedente compensará al distribuidor por el valor de cualquier inventario que el distribuidor no pueda vender en razón de la terminación o de la decisión de no renovar el contrato. El valor del inventario incluirá cualquier derecho arancelario, recargo, gastos de transporte, costos de movimientos internos, y costos de llevar inventario pagados por el distribuidor.

II. Actividades de Distribución y la Ley 173 

Terminación de Contratos

La Ley No. 173 dispone que un contrato de concesión sólo puede ser rescindido por “justa causa” o por acuerdo amigable entre las partes, quedando definida justa causa como el incumplimiento por parte del concesionario de cualquiera de las obligaciones esenciales del contrato, o cualquier acción u omisión del concesionario que pueda afectar adversa y sustancialmente los intereses comerciales del concedente.

Aún cuando el contrato prevea cláusulas a través de las cuales las partes se reserven unilateralmente el derecho de ponerle fin a sus relaciones, el concedente no puede dar por terminadas o resueltas dichas relaciones o negarse a renovar el contrato a su vencimiento excepto por justa causa.

La ley otorga al concesionario derecho a una indemnización en caso de que el concedente termine o se niegue a renovar los contratos de distribución sin justa causa. El monto de dicha indemnización se calcula de conformidad con los parámetros establecidos en el artículo 3 de la ley.

Carácter de orden público

Las disposiciones de la Ley No. 173 son de orden público por lo que cualquier disposición del contrato de concesión que establezca término, que otorgue al concedente el derecho unilateral de rescisión o en la cual se elija una ley extranjera como aplicable en la relación entre las partes se reputa como no escrita.

Facultades del concesionario

El concesionario puede impedir al concedente ofrecer sus productos o servicios en el mercado dominicano, ya sea directamente o mediante otro distribuidor, por la facultad que le otorga la ley de solicitar a las aduanas la prohibición de la entrada al país de los productos de dicha empresa, hasta tanto su relación contractual no concluya.

Condición para beneficiarse de la protección ofrecida por la Ley

Para beneficiarse de las disposiciones de la Ley No. 173, el concesionario debe registrar su contrato en el Departamento Internacional del Banco Central (www.bancentral.gov.do).

No exclusividad

La Ley No. 173 no restringe el derecho del concedente de designar a más de un concesionario. En la práctica dominicana se ha hecho usual el designar a los concesionarios como no exclusivos, reservándose el concedente el derecho de nombrar otros concesionarios sin tener que terminar los contratos con los concesionarios originales. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana ha establecido que un contrato de concesión que no sea expresamente exclusivo puede llegar a serlo si en el transcurso de los años las partes se comportan como si lo fuera.

No obstante, las actividades de distribución de productos entre agentes dominicanos y agentes miembros del DR-CAFTA aún cuando la Ley No. 173 aplique, ya sea porque hayan sido firmados antes de la entrada en vigor del DR-CAFTA o porque el contrato explícitamente lo disponga, se regirán por los siguientes principios establecidos en el DR-CAFTA:

• El monto de una indemnización por la terminación de un contrato cubierto basada en los factores enumerados en el Artículo 3 de la Ley No. 173 no podrá ser mayor que lo disponible para el demandante bajo el Código Civil de la República Dominicana;
• Durante o después del proceso de conciliación que establece el Artículo 7 de la Ley No. 173, las partes de un contrato pueden acordar resolver la disputa a través de un arbitraje vinculante; y

• El Gobierno de la República Dominicana y las autoridades de conciliación tomarán todas las medidas apropiadas para estimular la resolución de las disputas que surjan bajo contratos por medio de arbitraje vinculante.