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Antitrust

En la República Dominicana desde el año 2008 existe una ley especial en materia de competencia, la número 42-08.

Anteriormente se operaba bajo el principio de la autonomía de las voluntades en los acuerdos comerciales, en virtud del cual dichos acuerdos llevados a cabo entre agentes del mercado son en principio válidos. Teniendo como limitación dicho principio el hecho de que diversas leyes especiales habían instituido sanciones contra las prácticas restrictivas al comercio y ciertas disposiciones del derecho común han podido ser utilizadas a los fines de obtener una indemnización por los daños causados como consecuencia de este tipo de práctica.

Además, la República Dominicana es miembro de la Organización Mundial del Comercio (www.wto.org) y como tal es signataria de sus acuerdos, los cuales contemplan disposiciones referentes a competencia. Asimismo, la República Dominicana es signataria de Acuerdos de Libre Comercio con Centroamérica y la Comunidad del Caribe (CARICOM) que incluyen reglas al respecto.

Ley General de Defensa de la Competencia número 42-08

El propósito que persigue esta ley es promover la libre competencia para de esta forma aumentar la eficiencia de los mercados con el fin de generar beneficio y valor en favor de los consumidores.

Esta ley prohíbe las prácticas desleales, ilícitas y prohibidas que son definidas como los actos o comportamientos realizados en el ámbito comercial o empresarial que resulten contrarios a la buena fe y ética comercial y cuyo objeto sea un desvío ilegítimo de la demanda de los consumidores. Estas prácticas son actos de engaño, actos de confusión, actos de comparación indebida, actos violatorios del secreto empresarial, incumplimiento a normas, actos de denigración e inducción a la infracción contractual.

Dicha ley contempla la creación de una estructura administrativa a cargo de hacer cumplir sus disposiciones, denominada Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. La referida Comisión tiene como objetivo promover y garantizar la existencia de la competencia efectiva para incrementar la eficiencia económica en los mercados de productos y servicios, por medio de la ejecución y aplicación de las políticas y legislación de competencia y el ejercicio de sus facultades investigativas, de informe, reglamentarias, dirimentes, resolutivas y sancionadoras.

Al respecto cabe señalar que el pasado 29 de Junio de 2011 el Presidente de la República, Dr. Leonel Fernández juramentó a los integrantes del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Dicho Consejo quedó conformado por Antonio Rodríguez Mansfield; Magdalena Gil, Esther Aristy, Aleida Reyes y Luis Reyes, quienes fueron escogidos mediante el mecanismo que establece dicha ley, según el cual el Presidente de la República debe presentar una terna a la Cámara de Diputados, que debe escoger dos miembros de dicho Consejo y otra terna al Senado que debe escoger tres.

En los aspectos particulares de esta ley, cabe resaltar que la misma no prevé una revisión antimonopolio de fusiones y adquisiciones previo a que se concretice la operación. Sin embargo la obtención de poder de mercado por medio de una adquisición o fusión puede ser relevante al análisis que realiza el regulador respecto de ciertas prácticas con el propósito de aplicar disposiciones relativas al abuso de la posición dominante de la referida ley.

En estos casos las autoridades deben tomar en cuenta los requisitos para determinar la existencia de un abuso de posición dominante para determinar la existencia de una violación a la ley. Por lo tanto la posición dominante por si sola no constituye una violación a la ley.

Finalmente, esta ley instituye un régimen administrativo sancionador para la aplicación de ésta y establece los procedimientos para ponerlo en práctica. Al respecto, su artículo 36 establece que para la investigación, prevención, control y sanción de los actos prohibidos por esta ley, la Dirección Ejecutiva Comisión Nacional de Defensa de la Competencia actuará, de oficio o a petición de parte con interés legítimo, de conformidad con el procedimiento previsto. Toda denuncia o investigación de oficio de las conductas prohibidas por esta ley tendrá carácter público.

Legislación Nacional

Constitución de la República Dominicana

La Constitución de la República establece: “No se permitirán monopolios, salvo en provecho del Estado. La creación y organización de esos monopolios se hará por ley. El Estado favorece y vela por la competencia libre y leal y adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, estableciendo por ley excepciones para los casos de la seguridad nacional”.

Código Civil de la República Dominicana

El artículo 1382 del Código Civil dominicano establece que cualquier hecho del hombre que causa a otro un daño, obliga a aquel por cuya culpa sucedió a repararlo. Este artículo, que consagra la responsabilidad civil, obliga a la reparación de los daños causados sin importar la naturaleza del mismo, por lo cual el resarcimiento por perjuicios causados como consecuencia de actos de competencia desleal puede ser solicitado sobre la base de este texto legal.

Código Penal de la República Dominicana

El artículo 419 del Código Penal dominicano dispone que el acuerdo entre dos o más industriales, productores o comerciantes, sea cual fuere la forma en que intervenga, por el cual se convenga en que alguno de ellos deje de producir determinados artículos o de negociar en ellos con el propósito de alterar el precio de éstos, es castigado con prisión correccional de y/o multas, que se imponen a todos cuantos hubieren participado en el acuerdo, si son personas físicas, y a los gerentes, administradores o directores si se trata de compañías o empresas colectivas.

Ley No. 1-02 sobre Prácticas Desleales del Comercio y Medidas de Salvaguardia

El propósito de esta ley es establecer normas y procedimientos orientados a prevenir o corregir los daños que puedan ocasionar a una rama de la producción nacional las prácticas desleales de comercio internacional y adoptar las medidas temporales pertinentes frente a un incremento de las importaciones en tal cantidad y realizadas en tales condiciones que causen o amenacen causar un daño grave a los productores nacionales de bienes similares. Las disposiciones de la Ley No. 1-02 son de orden público y de aplicación general.

De conformidad con la Ley No. 1-02 se consideran prácticas desleales de comercio internacional la introducción al país de mercancías a precios inferiores a su valor normal o que sean objeto de subvenciones en su país de origen o procedencia, y que efectivamente causen o amenacen causar un daño importante a una rama de la producción nacional. Las mercancías importadas bajo estas modalidades son afectadas por derechos antidumping o compensatorios, según corresponda.

Se entiende por valor normal el precio comparable realmente pagado o por pagar por un producto similar al importado a la República Dominicana para su consumo o utilización en el mercado interno del país de exportación o del país de origen, según corresponda, y conforme con las operaciones comerciales normales.

La Ley No. 1-02 considera que una mercancía ha sido subvencionada cuando se demuestre que el gobierno del país de origen o de exportación o, en su defecto, cualquier organismo público, o entidad privada delegada por el Estado, ha realizado, directa o indirectamente, una contribución financiera de cualquier índole, ha establecido alguna forma de sostenimiento de los ingresos o de los precios de la mercancía exportada, ha renunciado a ingresos que en otro caso se percibirían o ha suministrado bienes o servicios en condiciones especiales, otorgando con ello un beneficio al exportador.

Las medidas de salvaguardia pueden establecerse cuando las importaciones de un determinado producto se incrementen en tal cantidad y se realicen en condiciones tales que causen o amenacen causar daño grave a una de las ramas de producción nacional que produce bienes similares o directamente competidores.

La determinación de la existencia o amenaza de daño importante en el caso de dumping o subvenciones se basa en pruebas positivas y comprende un examen objetivo del volumen de las importaciones objeto de dumping o subsidios, de su efecto sobre los precios de productos similares en República Dominicana y de la consiguiente repercusión de las importaciones objeto de dumping y subsidios sobre la rama de producción nacional.

En materia de aplicación de medidas de salvaguardia se entiende por daño grave un menoscabo general significativo de la situación de una rama de producción nacional. Asimismo, por amenaza de daño grave se entiende la clara inminencia de un daño grave basada en hechos y no simplemente en alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas.

Ley General de Telecomunicaciones No. 153-98

La Ley No. 153-98 define las prácticas desleales como toda acción deliberada tendente a perjudicar o eliminar a los competidores y/o confundir al usuario y/o procurarse una ventaja ilícita, tales como:

• Publicidad engañosa o falsa destinada a impedir o limitar la libre competencia.
• Promoción de productos y servicios en base a declaraciones falsas, concernientes a desventajas o riesgos de otros productos o servicios competidores.
• El soborno industrial, la violación a los secretos industriales, la obtención de información sensible por medios no legítimos y la simulación de productos.
• El abuso de posición dominante en el mercado, especialmente sobre instalaciones esenciales.
• Acuerdos o convenios verbales o escritos que sean concertados o acciones o conductas que, deliberadamente o no, impidan y obstaculicen la entrada o permanencia de empresas, productos o servicios de telecomunicaciones en todo o parte del mercado.
• Las acciones o prácticas predatorias que tiendan a falsear o que, efectiva o potencialmente, limiten o distorsionen una competencia sostenible, leal y efectiva.
• La negativa a negociar de buena fe o la generación de dilaciones injustificadas en las negociaciones que pongan en desventaja a un competidor actual o potencial.

La realización de prácticas restrictivas a la competencia es considerada como una falta muy grave, sancionable con multas cuyo valor es determinado por el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (www.indotel.org.do).

En fecha 24 de febrero de 2005, el INDOTEL (www.indotel.org.do) emitió el Reglamento de Libre y Leal Competencia para el Sector de las Telecomunicaciones, el cual tiene por objeto, entre otras, prohibir, impedir, corregir y sancionar la realización de prácticas restrictivas de la competencia, incluidas el abuso de posición dominante, las prácticas de competencia desleal y las concentraciones económicas en el sector de las telecomunicaciones que comporten una indebida restricción de la competencia libre, leal y efectiva.

Ley No. 19-00 sobre Mercado de Valores

Con el objetivo de evitar posiciones monopólicas, la Ley No. 19-00 prohíbe a las personas que dispongan de información privilegiada efectuar operaciones en beneficio propio o de terceros, con cualquier clase de valores cuyo precio pueda ser influido por dicha información, hasta tanto la misma sea de conocimiento público. Se entiende por información privilegiada, el conocimiento de actos, hechos o acontecimientos capaces de influir en los precios de los valores objeto de oferta pública, mientras tal información no se haya hecho de conocimiento público.

La Ley No. 19-00 presume que tienen acceso a información privilegiada las siguientes personas:

a) Los miembros del consejo, directores, funcionarios, gerentes, administradores y asesores de los emisores y de los inversionistas institucionales, sus casas matrices, sus filiales y sus intermediarios de valores.

b) Los dependientes que trabajen bajo la dirección de los miembros del consejo, directores, funcionarios, gerentes, administradores y asesores de las personas jurídicas señaladas en el literal que antecede.

c) Los socios, administradores, miembros de los consejos y empleados de las calificadoras de riesgo, que califiquen valores de los emisores o a estos últimos, así como los auditores que realicen auditorias a los emisores o a los inversionistas institucionales.
d) Los funcionarios y empleados públicos y privados dependientes de las instituciones que regulen y/o fiscalicen y/o liquiden a los participantes del mercado de valores, así como los miembros del Consejo Nacional de Valores.

e) Los funcionarios y empleados del Banco Central de la República Dominicana.

f) Los cónyuges y los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad, de las personas señaladas en este artículo.

g) Los socios, administradores y empleados de la Cámara de Compensación y del Depósito Centralizado de Valores.

Las personas mencionadas anteriormente que efectúen operaciones con valores en perjuicio de lo dispuesto por la Ley No. 19-00 son pasibles de ser castigados con una multa de 1 millón de pesos oro a 10 millones de pesos oro o reclusión de 2 a 10 años o ambas penas a la vez.

Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial

La Ley No. 20-00 considera como desleal todo acto realizado en el ámbito comercial o profesional que sea contrario a los usos y prácticas honestos, no siendo necesario que exista una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del acto.

Entre los actos considerados como desleales la ley enumera los siguientes:

• Los actos susceptibles de causar confusión o un riego de asociación con respecto a los productos, los servicios, la empresa o el establecimiento de un tercero.
• Usar o propagar indicaciones o alegaciones falsas o innecesariamente injuriosas capaces de denigrar o desacreditar a los productos, los servicios, la empresa o el establecimiento de un tercero.
• Usar o propagar indicaciones o alegaciones susceptibles de engañar o causar error con respecto a la procedencia empresarial, el origen geográfico, la naturaleza, el modo de fabricación, la aptitud para su empleo o consumo, la cantidad u otras características de productos o servicios propios o de un tercero.
• Los actos que implican un aprovechamiento indebido del prestigio o de la reputación de una persona, o de la empresa o signos distintivos de un tercero.
• Los actos susceptibles de dañar o diluir el prestigio o la reputación de una persona o de la empresa o signos distintivos de un tercero, aun cuando tales actos no causaren confusión.
• La adquisición de un secreto industrial mediante el espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad o la instigación a realizar cualquiera de estos actos.

Cualquier persona interesada puede pedir a los tribunales que se pronuncie sobre la licitud o ilicitud de algún acto o práctica comercial que considere constituye competencia desleal. La acción en competencia desleal prescribe a los 4 años, contados a partir de la última vez que se cometió el acto desleal.

Ley General de Electricidad No. 125-01

La Ley No. 125-01 tiene entre sus objetivos promover una sana competencia e impedir prácticas desleales o abuso de posición dominante. En este sentido, la Ley No. 125-01 establece que los precios de la electricidad, son libremente determinados por las empresas, siempre y cuando las transacciones se efectúen en condiciones de competencia. No obstante, están sujetas a regulación las tarifas aplicables a los usuarios que estén dentro de la zona de concesión de las empresas distribuidoras y que, por el monto de su demanda, no estén en condiciones de establecer contratos libres y competitivamente convenidos o aquellos clientes que no deseen hacerlo. Estas tarifas son fijadas por la Superintendencia de Electricidad de la República Dominicana (www.sie.gov.do).

Con el objetivo de evitar prácticas restrictivas al comercio las empresas de generación, cogeneradores, autoproductores y empresas de distribución sólo pueden efectuar una de las actividades de generación, transmisión o distribución. Se encuentran exceptuadas de la regla anterior cada una de las tres empresas de distribución resultantes del proceso de capitalización de la Corporación Dominicana de Electricidad, las cuales pueden ser propietarias directa o indirectamente de instalaciones de generación, siempre que esta capacidad no exceda el 15% de la demanda máxima del sistema eléctrico interconectado.

La Superintendencia de Electricidad de la República Dominicana (www.sie.gov.do) está facultada para ordenar la desvinculación entre empresas. En caso de que las empresas vinculadas no procedan a desprenderse de su inversión dentro del plazo previsto pueden ser pasibles de multas de hasta el 5% de sus activos.

El abuso de posición dominante, las prácticas monopólicas y la competencia desleal son consideradas faltas muy graves, sancionadas con multas desde 5,000 hasta 10,000 salarios mínimos.

Ley Monetaria y Financiera No. 183-02

A los fines de evitar concentraciones económicas y sus consecuencias sobre la libre competencia, la Ley No. 183-02 establece como obligatorio obtener autorización previa de la Junta Monetaria, en los casos de fusión, absorción, conversión de un tipo de entidad a otra. En cada caso se requiere la opinión previa de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (www.supbanco.gov.do). La ejecución de estas operaciones sin contar con la autorización previa de la Junta Monetaria es considerada por la ley como una infracción muy grave, sancionable mediante multas o la revocación de la autorización para operar como entidad de intermediación financiera.

Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas

La Ley No. 146-02, a los fines de evitar concentraciones económicas y sus posibles repercusiones sobre la libre competencia, dispone que los aseguradores, reaseguradores, intermediarios y los ajustadores deben solicitar a la Superintendencia de Seguros de la República Dominicana (www.superseguro.gov.do) autorización para realizar cualquier suscripción o transferencia de acciones. En este sentido, ninguna transferencia o suscripción de acciones por parte de nuevos accionistas de los aseguradores, reaseguradores, intermediarios y los ajustadores, tiene validez si no hubiere sido aprobada de antemano por la Superintendencia de Seguros de la República Dominicana (www.superseguros.gov.do).

Tratados Internacionales

Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio

La República Dominicana es signataria del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), el Acuerdo General sobre Servicios (AGCS) y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), los cuales establecen los principios de trato nacional, transparencia y trato de nación más favorecida con respecto a la política de competencia.

En síntesis el principio de trato nacional obliga a los miembros de la Organización Mundial del Comercio (www.wto.org) a no poner las mercancías, los servicios o las personas de otros países miembros en desventaja al competir con sus propias mercancías, servicios o nacionales.

Por su parte el principio de nación más favorecida puede resumirse en la prohibición a los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (www.wto.org) a efectuar discriminaciones entre otros miembros de la organización.

El concepto de transparencia, como se desprende de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (www.wto.org), tiene dos componentes: (i) la obligación de publicar, o al menos poner a disposición del público, todos los reglamentos pertinentes y, como norma general de no aplicarlos ni de darles fuerza ejecutiva hasta tanto no se haya efectuado esto; y (ii) las disposiciones relativas a la notificación de las diversas formas de medidas adoptadas por los Estados a la Organización Mundial del Comercio (www.wto.org) y otros miembros.

Cabe resaltar el hecho de que existen importantes excepciones a los principios mencionados anteriormente, las cuales se encuentran contenidas en cada uno de los referidos acuerdos.

Por último, es preciso hacer alusión al Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias y al Acuerdo de Salvaguardias de la Organización Mundial del Comercio (www.wto.org), los cuales permiten a los Estados miembros aplicar derechos compensatorios a la importación de productos subvencionados que afecten de forma adversa una rama de producción nacional y medidas de salvaguardia para proteger determinada rama de producción nacional de un aumento imprevisto de las importaciones de cualquier producto que cause, o pueda causar, un perjuicio grave a dicha rama de producción.

Tratado de Libre Comercio Suscrito entre Centroamérica y la República Dominicana

El Tratado de Libre Comercio suscrito entre Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) y la República Dominicana establece como un principio general la prohibición de toda práctica desleal de comercio internacional que cause o amenace causar distorsiones al comercio.

Tratado de Libre Comercio suscrito entre la Comunidad del Caribe y la República Dominicana

En este tratado las partes acordaron que cuando haya evidencia de daños, o de amenazas de daños, a la industria nacional de una parte debido a prácticas comerciales desleales, tales como subsidios a las exportaciones y dumping, la parte afectada puede aplicar medidas correctivas, de conformidad con el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Organización Mundial del Comercio (www.wto.org) y el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994.

Tratado de Libre Comercio suscrito entre Centroamérica, los Estados Unidos de América y la República Dominicana

De acuerdo con informaciones del portal oficial de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (www.ustr.gov), el 5 de agosto de 2004, Estados Unidos firmó el Tratado de Libre Comercio CAFTA-RD con cinco países centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) y República Dominicana .

Según las autoridades estadounidenses (www.ustr.gov) el CAFTA-RD es el primer acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y un grupo de pequeñas economías en vías de desarrollo. Este acuerdo crea una serie de nuevas oportunidades económicas por medio de la eliminación de aranceles, apertura de los mercados, reducción de las barreras a los servicios, y fomento a la transparencia. Es un acuerdo que facilita el comercio y la inversión entre los siete países y profundiza la integración regional.

El CAFTA-RD busca facilitar el comercio regional promoviendo procedimientos aduaneros eficientes y transparentes que reduzcan costos y aseguren la previsibilidad para sus importadores y exportadores, por medio del cumplimiento de las normas que se encuentran en dicho tratado. Entre esas normas se encuentran las reglas de origen, listas de “desagravación” por categorías y por país, modificación de los procedimientos aduanales, medidas sanitarias y fitosanitarias.

El tratado CAFTA-RD abarca una gran amplitud de actividades comerciales y regula sectores como el laboral, el comercio fronterizo, el derecho de propiedad industrial, la defensa comercial, la contratación pública, la transparencia, el ambiental, los servicios financieros, las telecomunicaciones y el comercio electrónico,

El acuerdo entró en vigor para los Estados Unidos y El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua en el año 2006, para la República Dominicana el 1 de marzo de 2007, y para Costa Rica el 1 de enero de 2009. Con la incorporación de Costa Rica, el CAFTA-RD se encuentra vigente para los siete países que firmaron el acuerdo. El 15 de agosto de 2008, Los países partes de este tratado del CAFTA-DR han implementado importantes cambios en las disposiciones del acuerdo relativas a los textiles. Al respecto, los países partes de este tratado implementaron una regla textil que permite la entrada recíproca de abastecimiento con México (www.ustr.gov).

Colaboración de: Mónika Melo